La Real Federación Española de Fútbol amenazó a la delegación de Castilla y León con separar sus caminos por temor a unas represalias por parte de la FIFA que, por el momento, no son más que eso.
Esta ha sido, sin duda, una semana movida para el fútbol de la región. La polémica relativa a la inclusión o no del Club de Fútbol Salmantino en el Grupo VIII de la Tercera División ha traído cola, debido a que la Real Federación Española de Fútbol, ante la remisión del auto de la juez que lleva el caso a la delegación de Castilla y León, ha amenazado con separar sus caminos del organismo que preside Marcelino Maté en caso de que se procediera al cumplimiento del requerimiento judicial; a la inscripción del club y sus secciones en las correspondientes categorías.
Desde el punto de vista normativo, en este mismo portal publicamos dos piezas que explican que, en realidad, tan bien y tan mal habría estado una cosa como la otra. Desde el ámbito del ordenamiento jurídico español, existía la obligación de permitir que la entidad arrancase la competición de una vez por todas, so pena de inhabilitación al mandamás de la Federación de Castilla y León o quién sabe si no de otras medidas cautelares, incluso, como la suspensión de las correspondientes ligas.
Mientras, en lo tocante a lo meramente deportivo, el riesgo no solo trasciende a lo nacional, sino incluso a la reglamentación internacional, ya que con la aplicación de la medida solicitada por el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Salamanca, la FCyLF y, por ende, la RFEF podría estar incumpliendo la normativa de la FIFA, lo que podría desembocar incluso en la desafiliación por parte del ente máximo del fútbol de la Federación Española.
Cabe suponer que, por este motivo, el organismo que preside Ángel María Villar ha sido extremadamente duro en su amenaza ante la posible –y la realizada- inscripción del CF Salmantino en competición, ya que aunque a priori parece poco probable que se pueda llegar a tomar esta medida, la FIFA podría acabar tomando partido en caso de que, efectivamente, considere incumplida su reglamentación.
Esta impide acudir a sus asociados a la justicia ordinaria en asuntos tocantes a la competición, entre otras cuestiones, como en este caso sucede. No obstante, antes de que la sangre llegue al río, la RFEF se cubriría las espaldas haciendo lo propio con su delegación en Castilla y León, de manera que, Real Valladolid, Mirandés, Ponferradina, Cultural Leonesa, Zamora, Burgos y Guijuelo tendrían prohibida su participación en Primera, Segunda y Segunda B.
La cuestión es, ¿es real el riesgo de la desafiliación por parte de la FIFA? Normativamente hablando, por descontado que lo es. Y a efectos prácticos, aunque por el momento el organismo que dirige Joseph Blatter no se ha pronunciado, también, ya que según un estudio llevado a cabo en 2011 por Antonio Quintero, editor de Iusport, portal de referencia especializado en derecho deportivo, son 42 los antecedentes en los que el incumplimiento de la norma ha conllevado una respuesta de la FIFA.
- Llama la atención, entre los 43 casos citados, algunos como el de Grecia en 2001, por ejemplo, a quien la FIFA amenazó con la suspensión de la asociación porque el poder ejecutivo del país le había quitado las competencias para la designación de entrenadores, árbitros, oficiales de los comités de disciplina, apelación y arbitrajes deportivos a la federación nacional, una problemática que se solucionó con una simple marcha atrás.
- En 2005, se puso en duda la disputa de la Copa América de 2007 en territorio venezolano, después de que la Comisión Electoral impidiese a la oposición al presidente de la federación presentarse en el proceso electoral y la oposición recurriese al Tribunal Supremo de Justicia en amparo. La sola demanda implicó un amenaza por parte de la FIFA, que conllevó la disolución del proceso y el reconocimiento de los cauces deportivos como vía de reclamación por parte del demandante.
- En 2005, de nuevo en Grecia, se aprobó un proyecto de ley que permitía la intromisión del gobierno de Grecia en los asuntos administrativos de la liga nacional. Otra vez, la FIFA determinó que se trataba de una injerencia en la autonomía de la asociación y amenazó con suspender al país de toda actividad si no cambiaban la ley, algo que ocurrió, pero después de que, efectectivamente, se procediese a la suspensión.
Aquí, en España, en 2008, el CSD pretendía obligar a las federaciones que no se habían clasificado para los JJOO a realizar unas nuevas elecciones, de conformidad con el nuevo ciclo olímpico. La de fútbol, cuya no iba a ir a los Juegos pero sí a la Eurocopa, se negó a proceder y la FIFA estuvo cerca de impedir que el ciclo de victorias de La Furia Roja se iniciase, debido a que entendía que había una injerencia gubernamental, detenida en seco por José Luis Rodríguez Zapatero.
Son, estos, algunos de los casos más sonados, pero no los únicos. Tal y como aparece en el estudio antes comentado, la FIFA se ha pronunciado hasta en 42 ocasiones de las 43 en las que se ha dado, a priori, un incumplimiento de su normativa bien en base a una injerencia gubernamental o del bien comité olímpico nacional, al no cumplimiento de los estatutos por parte de la correspondiente federación o por recurrir a la justicia ordinaria en materia de competición.
El único supuesto donde el departamento legal de la FIFA no se ha entrometido, al entender que era un asunto de índole interno, data de 2009, corresponde a la Federación Venezolana de Fútbol y, como en el otro caso comentado del país sudamericano, tiene que ver con que no se permitía concurrir a unas elecciones a un individuo, que recurrió al Tribunal Supremo, obtuvo la razón y obligó a la repetición de unas elecciones.
En el supuesto de que la FIFA no se pronuncie en lo tocante al Club de Fútbol Salmantino, volvería a mirar hacia otro lado. No obstante, si no se inmiscuyó en el caso venezolano, aunque sí se pronunció, no es descartable que en esta ocasión vuelva a suceder lo mismo; máxime cuando, aparentemente, no solo se estaría incumpliendo su reglamento, sino también sentando un precedente peligrosísimo, que permitiría la disolución de clubes con deudas y el nacimiento de otros saneados con casi total impunidad.
