Un contrato firmado por los astilleros Cardama de Vigo (Galicia) para la construcción de dos patrulleras para el Ministerio de Defensa uruguayo ha desatado una auténtica tormenta política en el país sudamericano, el cual asciende a 82,2 millones de euros, y parecía ser uno de los grandes logros de la industria naval gallega, pero ha terminado enredado en una compleja trama que ha llevado a la detención de varios altos mandos de la Armada uruguaya.
El conflicto se ha generado a raíz de unas declaraciones contradictorias sobre el segundo pago del contrato, lo que ha llevado a la intervención del nuevo gobierno de Uruguay, encabezado por el Frente Amplio de Yamandú Orsi, y a la posterior detención de cuatro dirigentes de la Armada, incluido el excomandante Jorge Wilson. En Galicia, el astillero Cardama asegura que el contrato es absolutamente legal y que la construcción de las patrulleras sigue su curso sin problema alguno.
Galicia y el contrato en el centro de la polémica
El astillero Cardama cuenta con más de un siglo de historia en Galicia y había trabajado durante casi una década para conseguir este contrato, haciendo de este uno de los mayores proyectos navales gestionados desde Vigo en los últimos años. Se trata de la construcción de dos patrulleras tipo OPV (Offshore Patrol Vessel) para la Armada Nacional de Uruguay, un encargo que incluye el control de calidad a cargo del clasificador Lloyd’s Register y la supervisión de un representante de la Armada uruguaya durante todo el proceso.
Sin embargo, lo que parecía ser un éxito para Galicia y el sector naval español desde el punto de vista económico se ha convertido en un tema de debate político en Uruguay, ya que con el cambio de gobierno el pasado marzo de 2025, la llegada de Yamandú Orsi y el Frente Amplio ha llevado a revisar el acuerdo firmado en diciembre de 2023. Aunque el contrato estaba blindado legalmente, surgieron dudas sobre la capacidad de Cardama para cumplir con los plazos y especificaciones, lo que alimentó la sospecha de algunos sectores del nuevo Ejecutivo.
La polémica se intensificó cuando el Ministerio de Defensa de Uruguay ordenó la detención de cuatro altos mandos de la Armada por haber afirmado que el segundo pago, de 8,2 millones de euros, no se había realizado, aunque más tarde se demostró que la transacción se había efectuado el mismo día en que los detenidos declararon lo contrario, lo que desencadenó las acciones legales. Desde Cardama, en Galicia, no entienden el origen de la confusión y sospechan que detrás de todo hay intereses políticos para desviar el contrato hacia otro país.
La postura de la Xunta de Galicia, del astillero Cardama y del gobierno de Uruguay
Desde la Xunta de Galicia han mostrado todo su apoyo al astillero Cardama gracias a la amplia trayectoria profesional de esta empresa, siendo este último proyecto firmado con Uruguay una muestra de la capacidad que tiene todavía la industria gallega en lo relacionado con asuntos navieros, pudiendo competir no solo a nivel nacional sino internacional.
Si bien este conflicto ha preocupado a muchos, tanto de Uruguay como de España, desde el astillero Cardama han asegurado que el contrato cumple con todas las garantías legales, por lo que en principio no debería haber riesgo de que se le pusiese fin a este contrato de manera inesperada, aparte de que han comentado que la contracción de las patrulleras solicitadas sigue su curso y que se cumplirán con los plazos establecidos.
Por otro lado, en Uruguay, el Ministerio de Defensa del país sigue estudiando este incidente, aunque han asegurado que el contrato sigue en vigor, ya que, tal y como ha reconocido la ministra Sandra Lázaro, no se han detectado irregularidades en el mismo, aunque lo que falta por aclarar es el proceso administrativo interno que se llevó a cabo con la Armada.