Por primera vez en nuestro país, se ha impuesto una multa de 5.000 euros a una empresa por realizar spam telefónico sin consentimiento, un caso que ha sido resuelto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tras la denuncia de un ciudadano que recibió una llamada comercial sin haberla solicitado. Puede parecernos algo menor o anecdótico, pero nada más lejos de la realidad, ya que esto pasará a afectarnos a todos nosotros sentando un precedente muy importante en nuestro país al que, posiblemente, podamos acogernos en un futuro si la ley lo estima así, una buena noticia para todos los que hemos sufrido (y sufrimos) este tipo de prácticas por parte de muchas empresas.
La compañía sancionada ha sido Adverbis Spain, S.L., una agencia de marketing digital que, en julio de 2023, contactó por teléfono a un usuario incluido en la Lista Robinson, la cual es una conocida herramienta creada precisamente para evitar este tipo de comunicaciones y a la cual nos podemos apuntar de forma gratuita. Aunque el importe en sí no es elevado, ya que esto es algo que se ha determinado en función del tamaño de la empresa, el gesto simbólico es muy importante y lanza el aviso a todas las compañías que llevan a cabo esta estrategia, y es que la era de la impunidad ante el spam telefónico está llegando a su fin.
La ley contra el spam telefónico
Desde el 29 de junio de 2023, está en vigor la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, que prohíbe expresamente las llamadas comerciales sin consentimiento previo, lo cual significa que las empresas sólo pueden llamar si el usuario lo ha autorizado o si ha sido cliente en el último año.
Las sanciones por incumplir lo anterior pueden alcanzar hasta los dos millones de euros dependiendo de la gravedad y del volumen de negocio de la compañía infractora, algo que podemos ver en esta multa de 5.000 euros y que viene a significar que cualquier vulneración, por pequeña que parezca, tendrá consecuencias. El caso de Adverbis Spain, S.L. es el primero, pero no será el último, sobre todo si las denuncias de este tipo aumentan y el caso sienta jurisprudencia.
Cómo denunciar el spam telefónico
Para combatir el spam telefónico, los ciudadanos cuentan con ciertas herramientas, siendo la más importante de ellas el presentar una denuncia ante la AEPD, a través de su sede electrónica, cuyo procedimiento además es gratuito y no se requieren de conocimientos jurídicos. Además, si la empresa está adherida al Código de Conducta de Autocontrol, la reclamación puede resolverse en menos de un mes, casi como chasqueando los dedos.
Otra opción es inscribirse en la Lista Robinson, un registro voluntario que protege frente a llamadas publicitarias, aunque es cierto que esto no garantiza al 100% que ya no recibas spam telefónico, pero sí que es un buen primer paso para protegerse ante estas prácticas.
El fraude y la suplantación son otros de los problemas que preocupan del spam telefónico
En 2025, el spam telefónico ha evolucionado bastante. Ya que no solo se trata de ofrecer productos o servicios sin permiso o consentimiento previos, sino que muchas de estas llamadas tienen fines delictivos, como por ejemplo el obtener datos personales, otras graban la voz del usuario para simular consentimientos legales, etc. Incluso hay llamadas cuyo único objetivo es conseguir que digas “sí” para manipular esa respuesta en un contrato ficticio, motivo por el que se recomienda el no decir esa palabra cuando cojamos una llamada sino “dígame”, “quién es” u otras variantes.
Por eso, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas adicionales, como por ejemplo el bloqueo de llamadas internacionales disfrazadas de números nacionales, prefijos específicos para identificar llamadas comerciales y la declaración de nulidad de contratos firmados mediante spam telefónico.